- Manuel Sebastiani
- 18 mar 2024
- 3 Min. de lectura
Lanzado en 2016 por el Estado como una herramienta para acceder a la casa propia, a un vehículo o a dinero para gastos en general, los créditos UVA vienen siendo motivo de preocupación y de endeudamiento por parte de los que solicitaron el préstamo. Con un índice que se actualiza por la inflación, no solo las cuotas aumentan de manera sustancial sino que también se va incrementando la deuda total, algo que afecta, entre otros, a los habitantes de las 678 Viviendas de Santa Catalina.
Ante esta situación, algunos damnificados decidieron realizar acciones judiciales y los primeros resultados positivos aparecieron hace poco. República de Corrientes dialogó con la abogada María Pía Aquino Viudes, que, junto con su hermano Matías Aquino Viudes, realizó las primeras presentaciones en este sentido en la justicia provincial, con respuestas favorables.
La profesional comentó que “el mecanismo de ajuste por inflación hizo que las cuotas aumenten de manera exorbitante y muchos ya no podían pagar, ni siquiera les alcanzaba su salario para cubrir la deuda por mes”. Esto generó un fuerte endeudamiento, a partir de lo cual entra en escena el derecho para proteger a los damnificados.
En este sentido, la abogada relató: “En febrero, presentamos la primera medida, que es un recurso de amparo con el que se busca una respuesta inmediata: la de frenar y paralizar las subas que se habían vuelto impagables”. Fue así que la justicia local admitió la cautelar de un primer caso, al que se sumaron luego al menos una decena similares, entre beneficiarios de créditos inmobiliarios, para autos o personales.
De esta manera, Corrientes se convierte en una de las pioneras en judicializar el programa de créditos UVA otorgados por el Estado a partir de 2016, y que terminó generando serias dificultades económicas a los que accedieron a él, dándose ya incluso remates de viviendas por la falta de pago.
“El juez aprobó y congeló las cuotas, pero hay otro proceso más prolongado que apunta a una solución que llevará más tiempo”, dijo Aquino Viudes.
“Pedimos también que se analice la responsabilidad de la entidad bancaria y peticionamos una indemnización por daños a nuestros clientes”, agregó.
Las presentaciones que se hicieron en Corrientes fueron individuales y no colectivas, porque cada uno de los deudores cuentan con una situación específica dependiendo del año en que sacaron el préstamo y del nivel de ingreso que manejan.
Más allá de esto, el primer guiño dado por la justicia correntina hizo que las otras medidas cautelares puedan tener un camino más ágil, despertando incluso el interés de damnificados y abogados de otras provincias donde todavía no hubo resultados positivos.
“El armado del caso viene desde el año pasado, pero se pudo materializar recién ahora en febrero. Estamos con todo con este tema, sobre todo después de la respuesta del juez”, expresó la abogada. Amparo
Existen diversas leyes en las cuales se apoyaron los abogados y sus clientes para realizar las presentaciones y tener una primera respuesta positiva. La profesional señaló que “la Ley 24240 de Defensa del Consumidor establece una protección por ser el eslabón más débil en una transacción, más aun en estos casos en que el Estado plantea y dispone todos los detalles del contrato”.
El primer buen paso de los hipotecados UVA puede marcar el inicio de una judicialización masiva, algo que ya se inició en otras provincias, pero con pocos frutos todavía.
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